Sobre la decisión del gobierno nacional, el Secretario General de la Unión Ferroviaria dijo: “El gobierno nacional no hizo más que asumir lo que manda la Ley. En el año 2015 se sanciona la Ley N° 27.132, por medio de la cual se declaró de interés público la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, así como la renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria. Además, en la misma Ley se delega en el Estado la adopción de todas las medidas para reasumir la plena administración de la infraestructura ferroviaria en todo el país, incluyendo desafectar bienes, rescatar, o renegociar los contratos de concesión. Y eso es lo que hizo el Ministerio de Transporte del gobierno de Alberto Fernández”.

“El sector privado desatendió las necesidades de inversión y servicio en estas empresas públicas. Al cabo de casi 30 años, el sistema se fue deprimiendo sistemáticamente en la infraestructura, dejando un balance altamente negativo. Este modelo estaba agotado, solo basta ver la evolución comparada que tuvieron las empresas de cargas cuya operación retomó el Estado hace muy poco tiempo, como es el caso de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que superan mes a mes sus propios récords de carga transportada”.

“Nosotros vemos bien que se avance con la participación del sector privado en un sistema de acceso abierto, pero es el Estado quien debe controlar estratégicamente todo el sistema. Las vías son de las y los argentinos. Todo lo que circule sobre ella debe estar al servicio del desarrollo y la integración nacional, pero es el Estado quien debe asegurar que eso así sea”.